La etapa de armonía que atraviesa el vínculo entre el presidente Javier Milei y el jefe porteño, Jorge Macri, podría acercarse a su fin durante las próximas semanas. Es que los coletazos del profundo ajuste fiscal que aplica el gobierno nacional desde mediados de diciembre para ordenar las variables macroeconómicas y domar la inflación, no solo inquietan a los gobernadores de las provincias más vulnerables, sino que también comienzan a impactar en las cuantiosas arcas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Mayo asoma como un plazo límite para la paciencia de Jorge Macri ante la falta de certezas de la Casa Rosada sobre la fecha en que ejecutará la actualización de los fondos de coparticipación que prevé el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia a favor del gobierno porteño en diciembre de 2022. Es que, a partir del mes próximo, la Ciudad comenzará a sentir en su recaudación tributaria los efectos de la recesión y caída de la actividad que provocan las medidas que puso en marcha Milei para reducir el rojo fiscal y llegar al déficit cero, el gran objetivo del libertario. Hasta ahora, la Ciudad compensó la diferencia entre el 1,4% de los recursos de coparticipación que deposita el Banco Nación en las arcas porteñas y el 2,95% que había establecido la Corte en su sentencia aplicando un impuesto del 8% de Ingresos Brutos a los intereses de las letras de liquidez (Leliq) de los bancos, una medida fiscal que implementó Horacio Rodríguez Larreta, el antecesor de Jorge Macri, después de que Alberto Fernández ejecutará la poda para beneficiar a Axel Kicillof por la crisis salarial de la policía bonaerense. No obstante, con la llegada de Milei a la Casa Rosada, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, avanzó con un plan para desarmar de manera progresiva las Leliq, lo que comenzó a erosionar la cosecha impositiva de la ciudad, el bastión de Pro. A su vez, al igual que el resto de los gobernadores, Jorge Macri sufre una merma de los desembolsos correspondientes a la coparticipación, ya que la recesión económica reduce drásticamente la recaudación tributaria de la Nación por IVA o Ganancias. De hecho, la AFIP registró en marzo una caída interanual del 16% de la recaudación. Inquietud financiera En Uspallata estiman que la situación financiera de la Ciudad podría verse comprometida en mayo, cuando calculan que los golpeará la caída del consumo por el plan de ajuste que ejecuta Milei. Ese descenso, aseguran, afectará directamente la percepción del distrito por Ingresos Brutos. Hasta este momento, por las características socioeconómicas de la población de la Capital, habían amortiguado las consecuencias de la regresión de la economía. Con ese panorama, el jefe de gobierno porteño deberá demostrar muñeca política para sortear el reto y evitar una crisis financiera. Por esa razón, el reclamo de la Ciudad a la Nación por la actualización de los fondos de coparticipación –es decir, que aumente el goteo diario del 1,4% al 2,95%– cobró un carácter de urgente para Jorge Macri. El 4 de abril pasado, mientras el resto de los integrantes de la liga de gobernadores de Juntos por el Cambio se encontraban con Nicolás Posse y Guillermo Francos en la Casa Rosada, para discutir la letra chica de la ley bases y allanar el camino al “Pacto de Mayo”, el alcalde porteño se presentó en el quinto piso del Palacio de Hacienda junto a una comitiva de colaboradores para negociar con Caputo por el reparto de fondos. Antes de la reunión grupal y la foto protocolar, Jorge Macri y el ministro de Economía de Milei mantuvieron una charla a solas. Según fuentes al tanto de la conversación, el jefe porteño le advirtió sobre la necesidad de compensar la caída de los ingresos de la Ciudad y los problemas financieros que podría afrontar a partir de mayo, en caso de que se agudice la merma por la recaudación del impuesto de las Leliqs. Si bien insiste en público en que tiene voluntad de cumplir el fallo de la Corte, pero que no cuenta con recursos para autorizar los desembolsos, Caputo dejó entrever que podría buscar una solución para ejecutar la actualización a partir de junio. ¿Ganó más tiempo a la espera de una eventual reactivación económica? La deuda acumulada desde 2022 de la Nación con la Ciudad ya supera los $522.114 millones, según fuentes porteñas. Javier Milei y Jorge Macri En la Ciudad se muestran prudentes, pero se aferran a la esperanza de que Caputo cumplirá con esa suerte de “compromiso”. Necesitan con prisa una señal de las “fuerzas del cielo” por varias razones. Las secuelas de la crisis comienzan a preocupar a las autoridades porteñas, sobre todo, por un eventual incremento de la pobreza y la erosión de los ingresos de los sectores más postergados de la clase media. Son las personas que están menos habituadas a recurrir a la asistencia social o que evitan asistir a los comedores sociales, según los funcionarios porteños. “La macro nos está afectando, no hay un plazo claro para que cumplan el fallo de la Corte y nos paguen lo que nos deben. Dicen que tenemos razón y que ‘no hay plata’, pero estamos en un Estado de Derecho”, despotrican en la cúspide de la administración porteña. ¿Principio de revelación contra Milei? Urgido de fondos por la espiral inflacionaria, Jorge Macri envió la semana pasada a la Legislatura un proyecto para aumentar el presupuesto en 4,5 billones de pesos. Se trata de una ampliación de gran magnitud a cuatro meses de la toma de posesión: representa una suba del 75%. En los años anteriores, Larreta también solía pedir autorización para un incremento de las partidas, pero nunca lo hizo tan tempranamente. En la sede del Ejecutivo porteño en Parque Patricios lo atribuyen a una conjunción de factores. Por un lado, las irrisorias variables macroeconómicas que había fijado Sergio Massa en el presupuesto 2024 quedaron desfasadas. Además, la inflación se desmadró debido a las correcciones y la liberación de precios que aplicó Milei apenas asumió por los desequilibrios que heredó del Frente de Todos. El gobierno porteño no solo sufrirá una caída de la recaudación, sino que afronta mayores gastos por la actualización de precios. Eso impacta, por ejemplo, en los fondos que se destinan a las paritarias o las importaciones de medicamentos o insumos para la salud, entre otras cosas. Si la Legislatura porteña –donde Jorge Macri tendría garantizados los votos, aunque Pro ya no tiene una mayoría holgada– no aprobara la ampliación presupuestaria, asumen en la Ciudad, podría enfrentar inconvenientes para pagar sueldos y cerrar las negociaciones paritarias de los estatales en mayo o junio. Frente a este escenario, la oposición del PJ porteño, a través de Claudia Neira y Juan Manuel Valdés, le reclama a Jorge Macri que “revise y adecúe” los contratos de concesiones de la Ciudad que “hoy tienen precio vil”, como el Mercado de los Carruajes o el Paseo Gigena, ligados a la familia Caputo, o el predio de Costa Salguero, y que “suba los Ingresos Brutos al sistema financiero del 8% al 9%”. Por ahora, la Ciudad descarta aplicar una mayor presión impositiva, pero defienden las subas de tarifas. Eso sí: advierten que, en caso de que Milei no actualice los fondos de coparticipación, reducirán las inversiones que tienen previstas para realizar obras en la ciudad. Esa jugada estará acompañada de una campaña de comunicación oficial en la que informarán a los porteños que Jorge Macri no pudo ejecutarlas porque el Gobierno no cumple la sentencia judicial. ¿El macrismo apelará al estilo del caudillo peronista Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, quien pegó carteles en la vía pública para responsabilizar a Milei por la parálisis de la obra pública? “Desde junio vamos a explicar que dejamos de hacer esas inversiones por el problema financiero que nos genera la falta de recursos coparticipables”, adelanta uno de los colaboradores de confianza de Jorge Macri. El expresidente Mauricio Macri está pendiente del accionar de su primo, que armó un equipo ecléctico para su desembarco en suelo porteño. A sabiendas de que la gestión nacional enfrenta dificultades por la falta de experiencia de los libertarios, Macri apuesta a exhibir un contraste con Milei en la fortaleza electoral de Pro. En las últimas semanas, aliados del macrismo y larretistas plantearon dudas sobre la capacidad de gestión o la falta de reacción y organización de la administración porteña en áreas sensibles. Cerca de Jorge Macri lucen satisfechos tras el aterrizaje y asumen que ya controlan la botonera. En sus primeros cien días de mandato, el exintendente de Vicente López hizo hincapié en la reducción de la estructura estatal y la rebaja de cargos políticos. En la apertura legislativa del 1° de marzo, el jefe de gobierno porteño anunció que el recorte del 30% le generó un ahorro de más de 35.000 millones de pesos. Asimismo, intentó enfocarse en el orden: impedir los cortes de calles y avanzar con desalojos de usurpaciones en plazas o establecimientos precarios. Conformes con su nueva doctrina, los colaboradores de Macri difundieron por estas horas una encuesta de Demos Consulting que exhibe un alto nivel de aprobación (57%) de los porteños a la política antipiquetes. Impacto social y nuevo fenómeno En el Gabinete de Jorge Macri no solo se preparan para un incremento de la conflictividad en las calles a raíz de las protestas de sindicatos, movimientos sociales o agrupaciones de izquierda y universitarias por el ajuste fiscal que aplica Milei, sino que también prevén un aumento de la pobreza en el territorio porteño. El último registro oficial de la Ciudad corresponde al cuarto trimestre de 2023, cuando aún gobernaba Fernández y Massa estaba al frente de Economía. Según esos datos del Ministerio de Hacienda, a cargo de Gustavo Arengo, había un 30,1% de porteños en condición de pobreza y un 12,2% en situación de indigencia. El observatorio de la cartera de Desarrollo Humano y Hábitat, que conduce Gabriel Mraida, realiza una medición interna que anticipa para el primer trimestre de 2024 una suba de más del 10% de las cifras de la pobreza en la Capital. Los datos que manejan en el ministerio arrojan un fenómeno novedoso en la ciudad. Por ejemplo, la distribución geográfica de los “nuevos pobres” es dispar en el territorio porteño, no solo se concentra en las comunas del sur, la zona más postergada. Además, el 75% tiene un trabajo formal y un 25% cuenta con un título universitario. “No registramos una caída del empleo, sino un empobrecimiento de los asalariados y la clase media. Son los que menos vinculación tienen con la asistencia social o los programas del ministerio”, advierten fuentes de Uspallata, aunque aclaran que el deterioro ya había comenzado en 2023.