El Gobierno Nacional  envió anoche a los gobernadores y los jefes de los bloques denominados  “amigables” en Diputados el último borrador de la nueva ley “Bases” y del proyecto de ley fiscal. El texto central reduce a cuatro las emergencias solicitadas por el Poder Ejecutivo y define que 18 empresas del Estado podrán ser privatizadas total o parcialmente, entre ellas Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. En cambio, no contempla la reforma laboral –sí la moratoria y el blanqueo para los empleadores–, pero esta será incorporada con un proyecto que presentará este miércoles la UCR, que contiene una versión acotada del capítulo laboral del DNU 70/23, frenado por la Justicia. El proyecto de la ley ómnibus contempla también la derogación de la moratoria previsional sancionada en el gobierno de Alberto Fernández. Tras varias semanas de reuniones con idas y venidas sobre la letra chica, el objetivo de la Casa Rosada es que los mandatarios provinciales y los legisladores hagan la última validación de los textos para empezar a tratarlos en comisiones en la Cámara baja la semana que viene. La nueva ley “Bases”, a diferencia de su versión inicial de más de 600 artículos, tiene 279. Desde su nueva negociación se quitaron de la versión inicial los aspectos más conflictivos. El nuevo proyecto de ley incluirá el capítulo de la reforma laboral, pero por vía indirecta. La Casa Rosada hizo un acuerdo particular con la UCR: ante la insistencia de los radicales para incluir en la ley “Bases” la reforma laboral que estaba en el DNU 70/2023 y que fue frenada por la Justicia, los funcionarios de Milei le propusieron al jefe de la bancada de la UCR, Rodrigo de Loredo, que su bloque presente por cuerda separada un proyecto de ley para incorporarlo al texto de la nueva ley ómnibus durante el tratamiento en comisión. Se espera que esta iniciativa de la UCR se entregue al Gobierno este miércoles. Esa nueva versión será sensiblemente más acotada que la reforma laboral contenida en el DNU, y, en principio, no tocará los aspectos más ásperos en la relación con los gremios, como los aportes sindicales y los fondos de las obras sociales, además de la prohibición de protestas y asambleas. El texto se conocerá, precisamente, cuando la Casa Rosada reciba a la CGT, que venía amenazando con un nuevo paro general. La nueva versión de la ley ómnibus contiene el blanqueo y moratoria para las empresas que regularicen la situación de sus trabajadores. Así, el proyecto contempla extinciones de acciones penales, condonación de deudas y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales. La reforma que presentarán los radicales incluirá un período de extensión de prueba mayor que el actual, un fondo de cese laboral voluntario y la eliminación de multas por falta de registración. Distintas fuentes libertarias reconocían desde hace días que no era la reforma que ellos querían, ya que buscaban algo más drástico, como lo mostró el texto del DNU, pero que lo que había propuesto la oposición dialoguista era “mejor que nada”. Para insistir con una reforma más disruptiva cifran sus expectativas en lo que pasará después de las elecciones de 2025 con una nueva composición parlamentaria. El capítulo fiscal tendrá la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias con un piso de 1,8 millones de pesos para solteros y de 2,2 millones de pesos para casados con hijos. En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda hacían hincapié en la escala progresiva del impuesto, que va del 5 al 35% según los ingresos. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo incluye también un amplio blanqueo de capitales en el país y el exterior, para residentes y no residentes. El blanqueo será sin alícuota hasta los US$100.000 y, a partir de ese monto, se aplicarán alícuotas también progresivas del 5, 10 y 15% según el momento en que adhieran al blanqueo los contribuyentes. En el texto, se consigna que quienes entren a él gozarán de diferentes beneficios, como quedar liberados “de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren” en el régimen. Emergencias y privatizaciones La nueva ley ómnibus incluye solo cuatro emergencias y pedido de facultades delegadas al Congreso de las once reclamadas originalmente: administrativa, económica, financiera y energética, y por el plazo de un año. De las 40 empresas estatales y sociedades del Estado que el proyecto original buscaba privatizar, en la nueva versión la cuenta se reduce a 18, pero igual afecta a entidades de envergadura. Por caso, quedan sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina SA (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Además, quedan sujetas a privatización y concesión AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse). A estas nueve empresas se suman otras nueve que podrán privatizarse parcialmente si se aprueba la ley. Se trata de Nucleoeléctrica Argentina SA, el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Estas últimas empresas “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”, señala la ley. Además, sobre el final del articulado, el Poder Ejecutivo propone la derogación de la moratoria previsional sancionada en la gestión de Alberto Fernández.