El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires afirmó hoy que el juez federal Ariel Lijo “no satisface los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos” para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, en referencia a la candidatura del magistrado que impulsa el gobierno de Javier Milei. De esa forma, con un firme comunicado, el Colegio se sumó este viernes a una larga lista de entidades del ámbito judicial que rechazaron su postulación. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal federal de nuestro país y, en tanto tal, posee la última palabra en los juicios en los que se discuten cuestiones que involucran los derechos y garantías asegurados en la Constitución Nacional”, recordó el Colegio de Abogados, a través de un comunicado. Y luego concluyó que, en ese sentido, sus integrantes “deben ser juristas intachables, con distinguidos antecedentes profesionales y morales; pues la falta de idoneidad o la ausencia de honorabilidad de alguno de ellos, tarde o temprano pero inexorablemente, deshonrará al Tribunal ante la opinión pública”. “Obviamente, la nominación del juez Ariel Lijo, recae sobre alguien que no integra aquella clase -agrega en su párrafo central-. Sin perjuicio de ello, los antecedentes del Dr. Lijo no satisfacen los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos para ese cargo”. En ese sentido, el Colegio considera que “Lijo, juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 4 de Comodoro Py 2002, ha sido reiteradamente cuestionado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por su actuación irregular o morosa en causas de corrupción contra la Administración Pública Nacional”.     El comunicado recuerda que el propio Colegio de Abogados de la Ciudad “lo denunció ante el Consejo por la demora en la tramitación de numerosas causas y por la falta de colaboración en la reunión de datos estadísticos que permitieran controlar el desempeño del tribunal a su cargo”. Además advierte sobre el manejo de la causa por el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, que también fue blanco de críticas por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y de las denuncias públicas en medios de comunicación. “Por ello, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera inaceptable y se opone a la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo del juez Lijo, en reemplazo de la vacante producida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la Dra. Highton de Nolasco”, concluye el comunicado. No es la primera crítica de una entidad. Las principales asociaciones que reúnen a los jueces y fiscales nacionales y federales de todo el país habían reclamado al Gobierno que postule a mujeres para la Corte Suprema de Justicia y advirtieron que, de no hacerlo, se estarían violando tratados internacionales suscriptos por la Argentina, donde el país se compromete a considerar la paridad de género. LIJO, LA BANDERA DE LA IMPUNIDAD La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) emitió un comunicado en el que remarcó “la importancia de observar las disposiciones en materia de paridad de género, postulados estos receptados en la normativa vigente de orden nacional y supranacional”. “El debido respeto del marco convencional y constitucional referido permitirá ir saldando la evidente inequidad de género existente en la cobertura de los cargos judiciales”, agregaron los jueces en un documento que firman la secretaria general de la Asociación, Paula Castro, y su presidente, el juez Andrés Basso. Los fiscales no se quedaron atrás. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), compartió “la preocupación” porque “no se contemple la presencia de una mujer en la más alta magistratura”. Y advirtieron los fiscales que, de este modo, “se podría afectar las obligaciones que la República Argentina ha asumido internacionalmente en materia de equidad de género, conforme lo establecen la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para) ”. “En el convencimiento de que la paridad de género en el acceso a los cargos públicos y la consecuente representatividad son necesarias para lograr la realización de una sociedad más justa, exhortamos a las autoridades políticas de la Nación a profundizar los esfuerzos en ese sentido, máxime que en nuestro país existen mujeres con trayectoria y altamente capacitadas para ejercer esa honrosa magistratura”, señala el documento, firmado por el fiscal Ricardo Toranzos, presidente. Además, se sumó a las quejas la Junta de Tribunales Orales Federales de todo el país, que preside la jueza Sabrina Namer. Allí se mencionaron “la importancia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuente con un equilibrio de género entre sus integrantes”. “Sin que esta manifestación implique una opinión sobre los candidatos propuestos, resaltamos que el Tribunal ya contó con tres juezas que enriquecieron con su perspectiva sus fallos. Constituiría un retroceso en los avances del reconocimiento de paridad de género que, habiendo en todo el país juristas mujeres con experiencia, trayectoria y reconocimiento, no se propongan para cubrir las vacantes”. EL GOBIERNO AVANZA PARA CAMBIAR LA FÓRMULA DE LAS JUBILACIONES POR DECRETO Y ADELANTARSE AL DEBATE EN DIPUTADOS Alzó la voz también el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires para expresar su preocupación pues “significa un profundo retroceso y la inobservancia, en materia de paridad de género, de la normativa vigente en el orden nacional y supranacional”. Por eso, llamaron la atención sobre ”las consecuencias profundamente negativas para el Estado Social y Constitucional de Derecho que tendría esta composición sesgada en la que no estarían presentes las experiencias, miradas y expectativas de las mujeres y diversidades de nuestra sociedad”.