Un fiscal federal investiga un intento de hackeo al teléfono celular oficial del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, a través de una maniobra que habría sido ejecutada mediante un llamado engañoso a un empleado del máximo tribunal.

El episodio tuvo lugar el lunes pasado en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte, el área que mantiene contacto con las empresas telefónicas contratadas por el Poder Judicial. 

Allí, el oficial Sebastián Matías Bustamante recibió en su línea personal una comunicación de un número privado. El interlocutor se presentó como representante de Movistar e intentó obtener el código PIN de una línea presuntamente reportada como robada.

El empleado, al no detectar ninguna anomalía en el sistema interno y notar inconsistencias en la llamada, interrumpió la comunicación y reportó lo sucedido a la Dirección de Seguridad del tribunal. El caso fue derivado a la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, con intervención del fiscal Santiago Vismara.

Al revisar el número en cuestión, se comprobó que correspondía a la línea asignada a Rosatti. Por prevención, el magistrado ya cuenta con un nuevo número.

El hecho se enmarca en una serie de antecedentes que involucran intentos previos de duplicación de líneas telefónicas de jueces. Hace dos años, Rosatti había denunciado la existencia de cinco líneas a su nombre. Esa causa derivó en la identificación de una red de espionaje que afectó a otros magistrados como Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, y la jueza Verónica Skanatta, así como a funcionarios como Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro.

Por esa investigación, fueron procesados el hacker Ezequiel Núñez Piñeyro, y el misionero Santiago Machado, entre otros. También fue señalado el exagente policial Ariel Zanchetta, quien habría solicitado más de 2.100 informes personales de magistrados y dirigentes, y cuyo accionar llegó hasta el camporista Fabián “Conu” Rodríguez, por entonces funcionario de la AFIP.

La Justicia analiza si el nuevo intento forma parte de una estructura organizada de espionaje sobre funcionarios judiciales con intervención en causas de alto perfil político.