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BUENOS AIRES. — En un contexto marcado por el crecimiento de la morosidad en la Argentina, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad una ley impulsada por el diputado porteño Leandro Santoro (Fuerza por Buenos Aires) para frenar el hostigamiento, la intimidación y las prácticas abusivas de las agencias de cobranza extrajudicial.

La iniciativa, titulada "Poner Límites al Hostigamiento por Deudas" y respaldada transversalmente desde el Frente de Izquierda hasta La Libertad Avanza, surge tras meses de audiencias y testimonios recolectados en la Comisión de Defensa del Consumidor. El objetivo central no es condonar las obligaciones financieras, sino establecer un marco legal frente a métodos que, según denunció el legislador, buscan "desestabilizar emocionalmente" a los ciudadanos.

El drama detrás de los números y el impacto en la salud mental

Durante sus intervenciones públicas tras la sanción de la norma —entre ellas entrevistas en C5N y declaraciones difundidas por Página|12—, Santoro expuso un diagnóstico alarmante sobre el endeudamiento familiar: en el país se registran alrededor de 6 millones de personas en situación de mora, de las cuales 3,4 millones ingresaron en categoría de irrecuperables.

El diputado alertó sobre las consecuencias psicológicas extremas que provocan las campañas de amedrentamiento, recordando el caso de Camila, una joven que se quitó la vida luego de que su entorno familiar recibiera mensajes intimidatorios. "Más de 20 diputados tenemos de testigo que el 10 o el 20 por ciento de la gente que vino a dar su testimonio estuvo evaluando tomar la peor decisión", sostuvo Santoro en declaraciones televisivas.

Asimismo, el legislador describió cómo operan estas firmas cuando los bancos ceden carteras de créditos impagos:

  • Inteligencia y extorsión al entorno: Según detalló en diálogo con AM Del Plata, las empresas investigan datos privados del deudor y su familia —como vehículos, lugares de trabajo o pensiones por discapacidad— para enviar mensajes humillantes o amenazas de embargos falsos.
  • Simulación legal: Operadores que se hacen pasar por abogados y envían documentos que imitan cédulas judiciales para infundir temor en instancias extrajudiciales.
  • Espiral de endeudamiento: "Aprietan a la gente para que saque un nuevo crédito para pagar otro", denunció Santoro al señalar la combinación entre usura y violencia psicológica.

Los puntos clave de la nueva ley porteña

La normativa sancionada contiene más de 50 artículos destinados a transparentar el circuito de cobro en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y brindar herramientas de defensa a los consumidores:

  1. Topes de contacto: Se prohíbe realizar más de una comunicación por día y un máximo de dos por semana al titular de la deuda.
  2. Protección de terceros y ámbito laboral: Queda terminantemente prohibido llamar al lugar de trabajo del deudor o contactar a familiares, vecinos y allegados.
  3. Registro Público y Licencias: Las agencias de cobranza extrajudicial deberán inscribirse en un registro oficial, tramitar una habilitación obligatoria renovable cada dos años y designar un abogado como responsable legal.
  4. Sanciones y clausuras: En caso de incumplimiento, el Gobierno porteño podrá aplicar multas calculadas en Canastas Básicas Totales (CBT) y disponer la suspensión o revocación definitiva de la licencia para operar.
  5. Contención estatal: La ley crea un programa de Protección Integral y un Protocolo de Primera Escucha para asistir a las víctimas de hostigamiento financiero, además de habilitar instancias de mediación que sirvan como prueba judicial ante eventuales denuncias por extorsión o usura.

Con esta sanción, la Ciudad de Buenos Aires busca sentar un precedente regulatorio a nivel nacional frente a una problemática que afecta transversalmente a millones de hogares.

Autor: admin