La Corte Suprema de Justicia le propinó este jueves un revés a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al rechazar la unificación de las causas por presuntas maniobras de fraude y lavado de dinero en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal resolvió los conflictos de competencia que involucraban a las investigaciones contra dirigentes de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia y el empresario Javier Faroni, vinculado con una firma que cobraba en el exterior los dividendos de la organización.

La decisión impidió que todos los expedientes fueran concentrados en el juzgado de González Charvay, como pretendían los acusados. De esta manera, las investigaciones continuarán en los tribunales que ya intervenían en cada caso.

Según informó La Nación, la resolución puso fin a un año de discusiones sobre la competencia judicial que demoraron el avance de las causas. Durante ese período, una docena de jueces federales de distintas instancias habían respaldado los planteos de la AFA para trasladar los expedientes que tramitaban en los tribunales de Comodoro Py hacia la Justicia federal de Campana.

La investigación por los fondos en el exterior seguirá en otro juzgado

Uno de los expedientes analizados por la Corte está relacionado con las denuncias por el presunto manejo irregular de fondos de la AFA en el exterior.

En este caso, el máximo tribunal rechazó la pretensión de unificar la investigación en Campana, pese a que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había recomendado esa alternativa en su dictamen.

Por lo tanto, ese expediente continuará en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional a cargo de Paula Petazzi.

La investigación también involucra a Javier Faroni, empresario que controla una compañía que cobraba dividendos en el exterior correspondientes a la AFA.

La disputa por la quinta de Villa Rosa y las denuncias de Tofoni

Otro de los conflictos de competencia se originó a partir de la investigación por presunto lavado de activos vinculada con la propiedad de una quinta de grandes dimensiones ubicada en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar.

En ese expediente intervino el juzgado federal de Campana, a cargo de González Charvay, quien reclamó que la jueza Petazzi se apartara de una investigación por presunta administración fraudulenta.

La denuncia había sido presentada por el empresario Guillermo Tofoni, titular de World Eleven, firma que anteriormente tenía un contrato con la AFA para organizar partidos amistosos de la Selección argentina.

La Corte también resolvió un segundo incidente relacionado con otra denuncia de Tofoni, esta vez por el presunto delito de balance falso. En ese planteo intervenían el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8 y la jueza Petazzi, que habían rechazado asumir la investigación.

Con estas resoluciones, el máximo tribunal definió los conflictos sobre qué juzgados deben intervenir en las distintas denuncias contra la dirigencia de la AFA, aunque las investigaciones por las presuntas irregularidades continúan su curso.