El deterioro de la situación financiera de las familias se extiende por todo el país pero la última foto muestra que en algunas provincias más de un tercio de la población afronta atrasos en el pago de sus créditos personales o tarjetas de crédito.

En julio, 12 de las 24 jurisdicciones tenían al menos al 30% de sus deudores en mora, según un informe elaborado por EcoGo junto con la Universidad Austral.

El promedio nacional llegó al 26,6% de los deudores, 0,3 puntos porcentuales más que en junio y 8,3 puntos por encima de un año atrás. La medición considera en mora a una persona cuando tiene al menos un saldo irregular, independientemente del monto adeudado.

La Rioja presenta la situación más crítica: el 36,5% de sus deudores está en mora. Le siguen San Juan (35,6%), Catamarca (35,5%), San Luis (34,7%), Chaco (33,8%) y Tucumán (33,3%). También superan el 30% Corrientes (31,8%), Formosa (31,6%), Santiago del Estero (31,2%), Salta (31,1%), Santa Cruz (30,9%) y Misiones (30,6%).

En el otro extremo aparece CABA, donde el 15,4% de los deudores tiene atrasos, seguida por La Pampa, con 20,4%. Santa Fe registra 23,1%; Neuquén, 23,6%; Entre Ríos, 24,3%; Río Negro, 25%; y Córdoba, 25,2%.

Ese declive sucede mientras, en simultáneo, el financiamiento vía préstamos y tarjetas pierde fuerza. El crédito a personas alcanzó en julio los $99,4 billones a precios de ese mes y cayó 0,7% real respecto de junio, aunque todavía se encontraba 4,7% por encima del nivel de un año atrás.

La otra manera de medir el problema de la deuda es observar el monto atrasado (en relación con el total prestado) más allá de la cantidad de personas morosas. A nivel nacional ese indicador llegó al 18%, 0,5 puntos más que en junio y 10,3 puntos por encima de julio de 2025. EcoGo y la Universidad Austral destacan que se trató del aumento mensual consecutivo número 21.

Al desagregar el promedio y dividirlo entre bancos tradicionales y entidades no bancarias que dan crédito se ven diferencias claras. Los bancos tienen mucho más peso en el total prestado pero los porcentajes de morosidad son más altos en el grupo de entidades que contempla a fintech, billeteras, cadenas comerciales y cooperativas.

Según el mismo trabajo, la mora por monto entre esos proveedores no financieros de crédito (PNFC) alcanza el 31,3%, frente al 15,8% del sistema financiero general. Los PNFC concentran el 14,6% del crédito relevado, pero concentran un deterioro mucho mayor de sus carteras.

En otro informe, EcoGo estudió específicamente al crédito no bancario y analizó en detalle ese segmento del mercado. Calculó una irregularidad del 29,5% en las carteras no bancarias, cuatro veces más alta que entre los bancos tradicionales. Además, estimó que el 13,8% de esas carteras ya está clasificado como irrecuperable porque superó el año completo de atraso.

El deterioro acumulado es fuerte: en noviembre de 2024 la irregularidad del crédito no bancario era de 6,5%; en julio de este año llegó al 29,5%. Al mismo tiempo, la proporción de la cartera considerada normal cayó de 89,8% a 66,6%.

Sin embargo, aparecen algunas señales incipientes de estabilización. EcoGo señala que la mora operativa de las personas, que excluye los créditos irrecuperables, bajó por segundo mes consecutivo hasta 14,9%.

Endeudamiento familiar: la oposición en Diputados ahora enfrenta el desafío de cómo unificar 50 proyectos

Tras imponerse frente al oficialismo y con fecha límite pautada -el 29 de septiembre-, ahora la oposición tiene el desafío de consensuar los 50 proyectos presentados sobre endeudamiento familiar y morosidad en uno que les permita conseguir la mayoría suficiente para aprobarlo en el recinto de Diputados.

Ya dejaron afuera los que tienen costo fiscal pero las alternativas son muy variadas y el oficialismo también va a jugar: quieren presentar una alternativa propia que logre seducir a las bancadas "del medio".

El factor veto de Javier Milei también es un foco de atención, porque La Libertad Avanza ya tiene más de un tercio de los diputados necesarios para ratificar el hipotético rechazo del Presidente.

El primer dato para identificar por dónde puede venir el acuerdo es que en el emplazamiento que se votó el miércoles en Diputados, se decidió que los proyectos van a discutirse sólo en dos comisiones: Finanzas y Defensa del Consumidor. Se dejó afuera a la comisión de Presupuesto, con lo cual el proyecto que avance será uno que no altere las partidas presupuestarias o represente un impacto fiscal.

El oficialismo planteó eso como un logro propio, pero la oposición ya lo tenía decidido por distintos motivos: hacerle un guiño a las bancadas "dudosas" de que no van a ir por un proyecto extremo, quitarle a Milei el argumento del veto y evitar la comisión de Presupuesto donde el oficialismo tiene una mayoría más amplia que les podía complicar el despacho del dictamen.

Sin embargo, tampoco pretenden aprobar un proyecto inocuo, sino que buscarán algo con impacto real para los 21 millones de endeudados. "No se va a dictaminar un proyecto de creación de fondos. Pero tampoco hicimos todo esto para sólo aprobar cursos virtuales de educación financiera", sentenció un diputado de peso del peronismo.

Los puntos clave

En el comparativo de los 50 proyectos hay algunas variables que son las más repetidas. Las declaraciones de emergencia, la regulación sobre tasas y punitorios, la inclusión de mayores controles normativos sobre las Fintech, y la creación de una instancia previa a la judicial, de mediación, para la resolución de conflictos.

Si bien dentro del oficialismo hay voces que piden que el Banco Central intervenga y bajen las tasas, la postura oficial de La Libertad Avanza es en contra. Señalan que de esa manera se va a arruinar el acceso al crédito que creció en el último tiempo.

"¿Por qué el Gobierno puede poner topes en los intereses cuando te pagan la indemnización en 12 cuotas, como lo hizo en la Reforma Laboral, pero no puede intervenir para ayudar a familias sobreendeudadas?", desafían opositores, como el santafesino Esteban Paulon.

Los legisladores de las bancadas federales se volvieron en el último tiempo la llave del quórum y la aprobación de las leyes. Por eso, la postura de ellos será importante.

Argentina Federal -que reúne a misioneros y salteños- tienen proyectos presentados que incluyen regulación de tasas. La salteña Yolanda Vega fue una de las primeras que planteó el tema con un texto que declara la emergencia financiera por un año y plantea que durante ese tiempo toda entidad financiera no podrán cobrar una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA de los plazos fijos a 30 días, entre otros puntos.

Encabezado por el misionero Oscar Herrera Ahuad, la bancada tiene otro que crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal. Fija un tipo del 35 % de la TN, exención de IVA sobre intereses, plazo mínimo de devolución de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones de otorgamiento ni gastos administrativos y por un plazo máximo de 90 días hábiles), se suspenden las ejecuciones judiciales. También contempla capacitaciones sobre educación financiera.

En Provincias Unidas también tienen varios. "El punto de partida es ver lo que ya hicieron la Ciudad y varias provincias, y qué podemos tomar de esas experiencias", señaló Pablo Juliano que tiene un proyecto enfocado en la instalación de procesos de mediación.

"Mi proyecto no tiene costo fiscal, ni regulamos las tasas. Permite a quien tiene está tapado de deudas acceder a una instancia prejudicial para reestructurar sus acreencias", sentenció.

Por otra parte, los números indican que las deudas son principalmente con las billeteras virtuales y crediticias vinculadas a casas de electrodomésticos o supermercados. Es decir, entidades no bancarias.

Hay proyectos que proponen incluirlas dentro del marco normativo del Banco Central y otros que buscan regular los "niveles de hostigamiento" para el reclamo de cobros, como el llamado a familiares o terceros.