Las entidades que representan a clínicas, sanatorios y establecimientos privados de salud de todo el país -ADECRA, ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y SALUD FEDERAL- solicitaron una audiencia con carácter de urgencia al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, para plantear la situación crítica que atraviesa el sector y analizar alternativas que permitan sostener la capacidad asistencial privada.

En la carta enviada al funcionario, las cámaras advirtieron que los prestadores privados constituyen un componente estructural de la capacidad sanitaria argentina: concentran aproximadamente el 51% de los establecimientos de salud con internación del país, con 1.543 instituciones, y el 56% de las camas disponibles, unas 121.198. Esta infraestructura, señalan, resulta esencial para garantizar la atención de la población y, por su magnitud, no podría ser absorbida por el sistema público ante un eventual deterioro o cierre de establecimientos.

El pedido de audiencia se produce en un contexto de creciente fragilidad económica y financiera de las instituciones, particularmente de aquellas que prestan servicios a PAMI. Las entidades plantearon ante el Jefe de Gabinete que los prestadores contratados por el Instituto enfrentan una combinación de atraso en los valores retributivos, dificultades financieras y problemas operativos que comprometen progresivamente la sustentabilidad de clínicas y sanatorios, generando una brecha de 131,96 puntos porcentuales de los modelos retributivos frente a la evolución de los precios (IPC).

Las cámaras también advirtieron las dificultades que enfrentan para pagar los salarios de los equipos de salud y sobre la continuidad del cierre de clínicas.

La dimensión del problema trasciende a las instituciones individualmente consideradas. El sector privado de salud cuenta con más de 330.000 empleos formales directos y sostiene una extensa red de profesionales, trabajadores, proveedores, servicios e insumos. Por eso, las entidades advierten que el deterioro de las clínicas y sanatorios no solo afecta a sus trabajadores y comunidades, sino que puede generar una mayor presión asistencial sobre el sistema público.

La audiencia solicitada a Santilli también tiene como objetivo poner en conocimiento del Gobierno nacional los avances realizados junto a representantes de la Cámara de Diputados en relación con la reforma tributaria para los prestadores privados de salud.

Las entidades vienen planteando que el contexto económico y financiero que atraviesa el sector requiere medidas que permitan mejorar sus condiciones de sustentabilidad y competitividad. En ese sentido, este mes de septiembre representantes de cámaras de prestadores acercaron el planteo al Congreso de la Nación en el marco de la discusión de una propuesta de reforma tributaria para el sector.

La urgencia de una respuesta integral

En este marco, las cámaras consideran que la problemática requiere una respuesta de política pública integral, por lo que solicitaron al Jefe de Gabinete un abordaje que permita analizar alternativas destinadas a preservar la capacidad instalada y garantizar la continuidad de las prestaciones.

Para las entidades, ambos temas -la situación de los prestadores de PAMI y las condiciones tributarias del sector- forman parte de una misma preocupación: preservar la capacidad asistencial instalada y evitar que el deterioro económico de las instituciones termine afectando la respuesta sanitaria en la atención de millones de personas, lo que a su vez trasladaría una presión aún mayor al sistema público, ya colapsado.

Las seis cámaras manifestaron su disposición a mantener un diálogo institucional con el Gobierno y a trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones.

Evidenciando la dimensión del problema la nota fue suscripta con la adhesión de más treinta cámaras de las distintas provincias, junto con las de carácter nacional.

La solicitud apunta así a abrir una instancia de diálogo con el Gobierno nacional para abordar una situación que, según advierten las entidades, ya excede a los prestadores privados y se proyecta sobre la respuesta sanitaria y la sustentabilidad del sistema en su conjunto.