En un jugada táctica, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió pidió este martes que el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña se inhiba de decidir en la causa por la competencia de la mansión de Pilar atribuida a los dirigentes de la AFA Pablo Toviggino y Claudio Tapia. Argumenta que no puede hacerlo por haber integrado el tribunal de ética de la AFA y haber opinó que el presidente de la AFA no es una persona políticamente expuesta (PEP) en casos de lavado de dinero.

Balizas del helipuerto de la mansión de Villa Rosa, Pilar, vinculada con Tapia y Toviggino.

Carrió hizo su presentación un día antes de que la sala de Casación integrada por Barroetaveña y Mariano Borinsky reciban en audiencia a los testaferros de Toviggino Luciano Pantano su madre jubilada quienes, por segunda vez, reclaman que la causa de la mansión de 17 millones de dólares vuelva al juez de Zárate-Campana, Adrián Gonzalez Charvay –a quien la AFA considera un magistrado amigo- y se la saquen a la juez porteña Verónica Charvay. Carrió es la denunciante original de la causa.

El pedido de Elisa Carrió pone el foco sobre un punto sensible: que el juez Barroetaveña no intervenga en una decisión que, según el planteo, podría quedar alcanzada por dudas sobre su imparcialidad. La presentación no apunta a cuestionar una decisión ya tomada, sino a evitar que el magistrado avance un paso más en el expediente antes de que se resuelva si corresponde su apartamiento.

El antecedente es concreto. El 14 de julio de 2026, Barroetaveña hizo lugar a la queja y habilitó la revisión del recurso. Y la Sala ya fijó para el 12 de agosto la audiencia destinada a tratar la cuestión.

Ahí está el punto central del planteo de Carrió: la recusación se presenta antes de que el juez se pronuncie sobre el fondo del asunto. La intención es evitar que la discusión sobre la garantía de imparcialidad llegue cuando sea demasiado tarde, es decir, después de una decisión que eventualmente deba ser revisada o anulada.

Por eso, el pedido busca que la cuestión sobre la intervención de Barroetaveña sea resuelta previamente y no como una eventual consecuencia de la decisión que adopte la Sala. Lo que está en juego, según el planteo, no es sólo el resultado del recurso, sino una condición previa de cualquier decisión judicial: que quien interviene en ella lo haga sin que existan circunstancias capaces de poner en duda su imparcialidad.

Tapia montó una carpa en el predio de Pilar para reunir al comité ejecutivo y simular que esa es su sede legal.

Luego de la audiencia de mañana, Barroetaveña y Borinsky tienen cinco días hábiles para votar. Hace dos meses atrás, Casación ya había decidido dejar en la Cámara en lo penal económico la determinación de la competencia de la causa y se votó a favor de la jueza porteña Verónica Straccia porque los hechos de lavado ocurrieron en la CABA, aunque la mansión tenga domicilio en Pilar.

CHIQUI TAPIA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE LA AFA - CHIQUI TAPIA Y PABLO TOVIGGINO - 05 AGOSTO 2026

Se trata de un pedido clave porque un sector de la justicia y el kirchnerismo quieren proteger a Tapia y Toviggino reenviando la causa penal a Gonzalez Charvay y el control administrativo en la dirección de empresas jurídicas del gobierno de Axel Kicillof y no la Inspección General de Justicia de la Nación.

En enero, Carrió hizo la denuncia original que recayó en el juez federal Daniel Rafecas, pero éste por orden de la Cámara Federal porteña, se la mandó al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

Sin embargo, con un simple mail de Pantano el juez de la Cámara Federal de San Martín y cercano a los K se la sacó a Aguinsy y la mandó al juez Gonzalez Charbay.

Pero el mes pasado, la Cámara de Casación resolvió que la cámara de apelaciones en lo penal económico -su inferior- decida a qué juez correspondía. Y este tribunal se la dio a la juez en lo penal económico de la CABA, Straccia, quien la delegó en el fiscal Claudio Navas Rial.

En un escrito al que accedió Clarín, Carrió solicitó “la excusación, o en su defecto se corra traslado al Sr. Fiscal (Mario Villar) a los efectos de evaluar la recusación con causa, al Sr. Juez de Cámara Dr. Diego Gustavo Barroetaveña y, en consecuencia, su apartamiento del conocimiento y decisión del recurso relativo a la cuestión de competencia que tramita ante esta Sala". Todo, dijo "en resguardo de la garantía constitucional y convencional de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial y, específicamente, de la vertiente objetiva de dicha garantía”.

“El planteo se funda, por el contrario, en una sucesión de circunstancias externas, objetivas y verificables que, consideradas en su conjunto, presentan aptitud suficiente para suscitar una duda razonable acerca de la apariencia de imparcialidad exigible respecto de quien debe intervenir en la decisión pendiente”, agregó.

Recordó que “la intervención de Barroetaveña en las presentes actuaciones se encuentra precedida por una serie de circunstancias objetivas relativas a su prolongado desempeño en órganos de la Asociación del Fútbol Argentino que, por su proximidad temporal, institucional y material con el objeto de estas actuaciones”.

Jueces de la Casación Penal Angela Ledesma y Diego barroetaveña en Comodoro Py Mayo 2026 Foto Federico Lopez Claro

“Documentos emanados de la propia Asociación del Fútbol Argentino acreditan una vinculación institucional directa, estable y reciente: desde diciembre de 2021 y hasta fines de diciembre de 2025, el Dr. Barroetaveña integró el Tribunal de Ética de la AFA, primero como Vicepresidente y posteriormente como Presidente”, añadió Carrió cuyos dirigentes Facundo el Gaiso y Matías Yofe hicieron la denuncia original a principios de año.

4 años en la AFA

Los días 2 y 3 de mayo de 2025, “cuando ya ejercía la Presidencia del Tribunal de Ética, participó como expositor en el Congreso Internacional de Derecho del Fútbol realizado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino y el Consejo Federal del Fútbol Argentino".

En esa oportunidad integró específicamente la mesa destinada al análisis de los “Órganos Jurisdiccionales de AFA: Tribunal de Disciplina, Tribunal de Disciplina del Interior, Tribunal de Ética y Tribunal de Apelación”, junto con otros integrantes del sistema jurisdiccional interno de la Asociación. Según la propia información institucional de AFA, durante el encuentro se abordaron "el funcionamiento de aquellos órganos, las garantías procesales aplicables, casos recientes y posibles reformas”, advirtió.

Durante su desempeño como Presidente del Tribunal de Ética, Barroetaveña “intervino en el expediente interno n° 10/2025, caratulado “Claudio Tapia s/PEP”, y participó en la decisión documentada mediante el Boletín n° 6722, de fecha 11 de julio de 2025.

El encabezamiento del documento oficial identifica expresamente tanto al interesado como a quienes adoptaron la decisión: “Expediente 10/2025 Claudio Tapia s/PEP”, seguido de la individualización de los Dres. Diego G. Barroetaveña, en carácter de Presidente; Manuel Fernández, como Vicepresidente; y Mario E. Kohan, como Secretario”.

En el marco de aquel trámite, “el Tribunal consideró dos declaraciones juradas suscriptas por Claudio Tapia —correspondientes a septiembre de 2021 y septiembre de 2024— en las cuales éste había manifestado no encontrarse alcanzado por esa condición.

"Tapia no es PEP"

Luego de analizar su posición como presidente de la AFA y sus antecedentes funcionales en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), "el Tribunal integrado y presidido por el Dr. Barroetaveña adoptó una decisión favorable a la posición allí sostenida por Tapia”. Las personas PEP como los funcionarios tienen mayores controles de lavado de dinero.

En ese contexto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) formuló una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que cuestionó la integración, por parte de magistrados nacionales, de órganos jurisdiccionales de la AFA y señaló los eventuales problemas de incompatibilidad y conflicto de intereses que aquella situación podía generar frente a causas judiciales relacionadas con la entidad.

En ese contexto temporal, “el Dr. Barroetaveña renunció a la Presidencia del Tribunal de Ética de la AFA a fines de diciembre de 2025. La circunstancia fue informada públicamente el 26 de diciembre de aquel año, junto con los cuestionamientos que se habían formulado respecto de la compatibilidad”

En febrero de 2026, la controversia acerca del órgano jurisdiccional competente llegó por primera vez a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a fin de determinar si la investigación debía continuar ante la justicia federal con asiento en Campana o ante el fuero Nacional en lo Penal Económico .

La investigación comprende, entre otros extremos, la adquisición y titularidad de bienes atribuidos formalmente a Real Central S.R.L. y la situación patrimonial de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte.

Según las constancias públicamente conocidas, una de las hipótesis bajo pesquisa procura establecer si esas personas habrían actuado por cuenta o en beneficio de terceros, contexto en el que aparecen mencionados dirigentes de la AFA, entre ellos Pablo Toviggino y Claudio Tapia, recordó la abogada y ex diputada.

De este modo, la intervención del magistrado “dejó de constituir una posibilidad meramente eventual: quien hasta diciembre de 2025 presidía el Tribunal de Ética de la AFA y había intervenido meses antes en una decisión referida personalmente a su Presidente, ya integró —en julio de 2026— la mayoría que habilitó la revisión de la cuestión de competencia planteada por la defensa en una investigación por presunto lavado de activos en la que se procura determinar, entre otros extremos, la eventual vinculación de los bienes investigados con dirigentes de aquella misma Asociación”.

“El examen de imparcialidad que aquí se solicita no requiere, en consecuencia, establecer que el Dr. Barroetaveña tenga un interés personal en el resultado del expediente, ni acreditar amistad, enemistad, beneficio económico o una predisposición subjetiva determinada", puntualizó.

La cuestión consiste "en establecer si un observador razonable, conocedor de que el magistrado presidió hasta diciembre de 2025 el Tribunal de Ética de la AFA; que había integrado ese órgano desde 2021; que en julio de 2025 intervino en una decisión referida personalmente a Claudio Tapia y vinculada con el régimen PEP".

Y que pocos meses después el juez "fue llamado a ejercer jurisdicción en una investigación por presunto lavado de activos en la que aparecen mencionados dirigentes de la misma entidad, podría albergar una duda legítima respecto de la apariencia de imparcialidad del órgano” sostuvo.