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El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes una nueva batería de medidas de prueba con el objetivo de clarificar movimientos financieros alrededor de las dos propiedades adquiridas por Manuel Adorni. Las medidas financieras alcanzan a su esposa, Bettina Angeletti. Asimismo, como contó Clarín, pidió más detalles sobre los viajes exterior: planes de vuelos, tickets y destinos finales.

Con la causa por presunto enriquecimiento ilícito delegada en la fiscalía por decisión del juez Ariel Lijo, se avanza esta semana con una serie de medidas que se concentran en movimientos económicos y viajes al exterior.

La Dirección Nacional de Migraciones entregó un listado al fiscal Gerardo Pollicita con 15 a 19 viajes -como contó este medio-, pero aquella entrega “no tiene toda la información necesaria, faltan destinos finales de algunos tramos y otras especificaciones”, explicaron fuentes de la causa. Además, ahí están incluidos los viajes oficiales. Por ese motivo se solicitaron más datos.

 

A la Migraciones se pidió la ampliación de la información de los “cruces migratorios, para reconstruir con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado”.

Respecto a los viajes realizados, se impulsaron más medidas: a la ANAC, EANA, Aeropuertos y explotadores aeroportuarios, el representante del Ministerio Público Fiscal, le requirió información operativa de los viajes aéreos, como planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y aeronaves.

Para saber en mayor detalle algo que la fiscalía define como “destinos finales”, se impulsó una cantidad de medidas que incluyen oficios a diversas compañías aéreas: reservas, tickets, check-in, equipaje, facturación, medios de pago y “demás datos útiles para determinar quién contrató y abonó los viajes”.

Uno de los puntos centrales de esta investigación se concentra en el acervo patrimonial del Jefe de Gabinete, la fiscalía tiene una pregunta central al respecto: ¿Puede con sus ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción, solventar un determinado nivel de vida?

El mismo se compone de la adquisición de propiedades, cuyas transacciones inmobiliarias están siendo analizadas, y los gastos que implican los viajes al exterior que se comenzaron a investigar después de conocerse el vuelo privado que la familia Adorni realizó hacia Punta del Este, junto al periodista de la TV Pública y amigo del funcionario, Marcelo Grandio.

En función de esta línea de investigación, Pollicita requirió las declaraciones juradas del Jefe de Gabinete, que incluye la “compulsa e incorporación de las declaraciones juradas patrimoniales públicas disponibles en el sitio oficial”.

Las propiedades

En esta ocasión, se suman más pedidos de documentación respecto a la casa en el Country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, y el departamento en la calle Miró al 500 de Capital Federal.

La escribana que rubricó ambas operaciones es Adriana Mónica Nechevenko, titular del Registro Notarial N° 1580, que deberá presentarse a declarar como testigo en la fiscalía este miércoles por orden del fiscal Pollicita.

Pero la justicia federal busca esclarecer más datos sobre la compra de los inmuebles. Al Registro de la Propiedad Inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le pidió el historial completo de dominio de los inmuebles bajo análisis en esta causa, “con titulares, transferencias, escrituras, hipotecas y demás antecedentes registrales”.

Las dudas crecieron cuando se difundió que en el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% de un crédito hipotecario de 200.000 dólares con el que Adorni y su esposa concretaron la compra del departamento de Caballito. La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Claudia Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

Las dos señoras proporcionaron el 87% del valor de la propiedad, pero cuando el diario La Nación les consultó sobre si conocían al jefe de Gabinete, ambas coincidieron en la respuesta: “No lo conozco, no sé nada de eso”.

Frente a esa información que tomó estado público, se llamará a declaración testimonial a Hugo Morales, quien intervino -explicaron fuentes judiciales a Clarín-, en la operación con las dos jubiladas.

Bajo esa misma premisa al RPI de la provincia de Buenos Aires, se solicitó el historial “completo de dominio de los inmuebles” en suelo bonaerense vinculados, “con toda su trazabilidad registral”.

Para poder profundizar en la titularidad, forma de adquisición y el dinero implicado, el fiscal Gerardo Pollicita pidió más información a los respectivos consorcios: “todo aquello vinculado con Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti, en particular expensas, pagos, cuentas intervinientes y eventuales obras o mejoras”.

En apoyo a esta documentación, se requirió a la AGIP (ente recaudador bonaerense), “boletas de ABL y gravámenes inmobiliarios de los inmuebles vinculados con Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti”.

Próximo paso: la tasación

La pesquisa de Pollicita hace foco en el patrimonio de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Por ese motivo, y propio de este tipo de casos, se ordenará , una tasación sobre las propiedades cuestionadas.

Esa tasación inicial busca revelar si el valor declarado de los inmuebles y la operatoria que se concretó en las escrituras condicen con el valor real.

La primera denuncia radicada por la diputada Pagano, se expuso: “se advierten severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a los dieciséis millones de pesos declarados al inicio de su gestión”.

Sobre estos hechos, el fiscal Pollicita pidió una batería de medidas: registros de la propiedad inmuebles sobre los inmuebles, valores notariales, documentación sobre las operaciones financieras.

Autor: admin