El pedido de sesión especial para el miércoles a las 14 fue realizado por el presidente del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, luego de las reuniones que mantuvieron el oficialismo, funcionarios, y diputados dialoguistas para consensuar el proyecto de Presupuesto.

Asistieron a esas reuniones, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Se trata del primer presupuesto del gobierno de Javier Milei que se va a tratar desde su asunción, ya que se administra el país con la ley sancionada en el 2022, que fue prorrogada en dos ocasiones.

Ahora con el nuevo mapa de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es primera minoría con 95 diputados, ya cuenta con más posibilidades de votar esta ley clave ya que necesita de 34 diputados, que serán aportados por el interbloque del PRO-UCR-MID con 22 legisladores, 7 de Innovación Federal, y seis de bloques provinciales de Catamarca y Tucumán.

De esta manera, el oficialismo dará el primer paso en la sesión especial del miércoles pero deberá esperar hasta el 29 o 30 de diciembre para aprobarlo en el Senado, informaron fuentes legislativas.

El proyecto que quiere votar el Gobierno contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,4% anual, y del 14% interanual.

El proyecto enviado al Congreso estima que habrá un gasto total de 148 billones de pesos y los recursos 148,2 billones de pesos, con un superávit del 1,5% del PBI.

El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros.

En tanto, el Poder Ejecutivo estima en 2,7 billones de pesos el superávit, según el proyecto al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Uno de los puntos centrales anunciados por Milei es el de aumentos en jubilaciones, discapacidad, educación y salud, que monopolizaron el debate parlamentario con las leyes impulsadas por la oposición y vetadas por el Gobierno.

En ese marco, el debate de la ley de gastos y recursos para el 2026 estará centrado no solo en los gastos sociales sino en los reclamos de los gobernadores, que piden más aumento de partidas en concepto de coparticipación como en el caso del impuesto a los combustibles y los ATN.

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.